El derecho internacional y la inmunidad

Ernesto Zedillo alegó en una moción ante una corte de Connecticut, que su estatus como expresidente le otorga inmunidad contra la demanda que enfrenta por la matanza de Acteal.

Fuente Pedro Enrique Armendares 13 de enero de 2012 14:08 hrs
El derecho internacional y la inmunidad El expresidente Ernesto Zedillo. (Gettyimages)

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En días pasados Ernesto Zedillo alegó en una moción ante una corte de Connecticut, Estados Unidos, que su estatus como exjefe de Estado de México le otorga inmunidad contra la demanda que enfrenta por su presunta responsabilidad en la matanza de Acteal, ocurrida en 1997.


Las acusaciones se basan en dos leyes estadounidenses (Alien Torts Claims Act y Torture Victims Protection Act) que dan a sus cortes jurisdicción para  perseguir ciertos delitos cometidos en otros países y exigir compensaciones económicas por actos de tortura y homicidios cometidos en el extranjero.


Además de rechazar los cargos Zedillo pide a la corte que deseche la demanda ya que "la ley de inmunidad soberana", a la que apela, "está diseñada para proteger a los dirigentes de [los aliados de Estados Unidos] de la indignidad y los costos de defenderse de tales ataques".



La "inmunidad soberana" es una doctrina legal que establece que un gobierno no puede ser demandado sin su consentimiento.


En el derecho internacional hay otros dos tipos de inmunidad que impiden que los funcionarios de un país sean acusados o juzgados en cortes extranjeras. Una es la inmunidad funcional, que protege a los funcionarios de manera indefinida pero incluye únicamente actos oficiales y no presuntos delitos.

 

La segunda es la inmunidad personal que protege todos los actos de los funcionarios de más alto nivel como jefes de Estado mientras estén en el cargo.

Sin embargo en las últimas décadas el marco legal internacional ha avanzado significativamente hacia la cooperación para perseguir los delitos de lesa humanidad, lo que incluye el acotamiento del concepto general de inmunidad y los casos en los que se aplica.


En octubre de 1988 el juez español Baltasar Garzón solicitó a las autoridades británicas que arrestaran y extraditaran a España al exdictador chileno Augusto Pinochet, quien se hallaba de visita en Londres. Según la acusación, Pinochet era responsable del secuestro, tortura y asesinato de miles de personas durante el gobierno militar que presidió a partir de 1973.


Los abogados de Pinochet argumentaron que su cliente tenía inmunidad por ser ex jefe de Estado, mientras que Garzón apeló al concepto de jurisdicción universal. Este concepto permite que una corte de un país juzgue delitos internacionales -es decir, aquellos sancionados por el derecho internacional-  independientemente del país en el que se hayan cometido.

 

David Sugarman, profesor de Derecho de la universidad inglesa de Lancaster, escribió que la controversia era clara: por un lado los ex jefes de Estado suelen tener inmunidad vitalicia en cortes de otros países por actos cometidos cuando estaban en el gobierno. Por el otro los tratados internacionales como la Convención de la ONU contra la Tortura requieren que los Estados juzguen a quienes cometan delitos internacionales o los extraditen a países dispuestos a hacerlo.


Finalmente el Comité Judicial de la Cámara de los Lores, el tribunal superior del Reino Unido, determinó  que la inmunidad otorgada a los ex jefes de Estado no incluye ese tipo de delitos y autorizó que Pinochet fuera extraditado a España para ser juzgado.


Pinochet nunca pisó una corte española porque el gobierno británico lo liberó argumentando razones de salud. Sin embargo, según Sugarman, la decisión judicial de extraditarlo para ser procesado en España transformó el tema de la justicia internacional y la inmunidad y significó un avance para hacer responsables a los funcionarios públicos por abusos graves contra los derechos humanos.


En los últimos quince años varios ex jefes de Estado han sido procesados por tribunales internacionales o de terceros países incluyendo a Jean Kamanda, de Rwanda; Slobodan Milosevic, de Serbia; Saddam Hussein, de Irak; Alberto Fujimori, de Perú; Charles Taylor, de Liberia; Hissene Habre, de Chad, y Radovan Karadzic, de Bosnia-Herzegovina.


Algunos países europeos como Bélgica se han otorgado una jurisdicción internacional muy amplia para delitos cometidos en otras naciones. En distintos momentos las cortes belgas han recibido solicitudes para juzgar a personajes como Fidel Castro Saddam Hussein, el expremier israelí Ariel Sharon y el que fuera dirigente palestino Yasser Arafat.


Más recientemente, según la especialista en derecho internacional Joanne Foakes, el expresidente estadounidense George Bush (hijo) canceló una visita a Suiza después de que un grupo de activistas de ese país pidieran a los fiscales que lo investigaran por ordenar la tortura de sospechosos de terrorismo.


Incluso México ha aplicado el concepto de jurisdicción universal para extraditar a un ex funcionario extranjero acusado de delitos internacionales. En 2000 las autoridades mexicanas detuvieron en Cancún al ex oficial militar argentino Miguel Cavallo, acusado por el  juez Garzón de delitos de lesa humanidad cometidos en Argentina durante la dictadura militar que gobernó ese país entre 1976 y 1983.

En ese caso un juez mexicano reconoció las obligaciones internacionales adquiridas por México en materia de derechos humanos y concedió la extradición de Cavallo a España. Después de estar preso varios años el exmilitar fue enviado a Argentina, donde fue juzgado y condenado a cadena perpetua.

Estados Unidos, por su parte, mantiene una actitud más reservada respecto a la cooperación multilateral para perseguir delitos internacionales. Por ejemplo, no pertenece a la Corte Penal Internacional (CPI), un tribunal permanente para castigar delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra que entró en funciones en 2002 y cuenta con 120 miembros, incluyendo a México.


Una de las reticencias de Washington es que sus oficiales militares o funcionarios públicos pudieran ser llevados juicio ante tribunales extranjeros. A ello precisamente aluden los abogados de Zedillo cuando advierten en su moción que si su cliente es juzgado "los gobiernos y cortes extranjeras dudarán del "compromiso" de Estados Unidos hacia la inmunidad lo que privaría a los ex funcionarios de ese país, incluyendo a los ex presidentes, de la "garantía de inmunidad" que tienen en otras naciones.


La moción de Zedillo se basa la ley estadounidense de Inmunidades de Soberanía Extranjera (LISE) que establece que los Estados extranjeros son inmunes a la jurisdicción de las cortes de ESPE país.


Sin embargo según especialistas de la Sociedad Americana de Derecho Internacional, la LISE no establece específicamente la inmunidad individual de los funcionarios y por lo general se aplica a los gobiernos y sus instrumentos, no a los jefes de Estado.


Por su parte el Poder Ejecutivo ha argumentado en casos anteriores que las demandas contra funcionarios extranjeros presentados en cortes estadounidenses no caen en el ámbito de la inmunidad soberana.


Más aún, según especialistas como el abogado australiano Geoffrey Robertson, el fallo de la justicia británica en el caso Pinochet estableció precisamente que un exjefe de Estado no puede reclamar inmunidad soberana para evitar ser juzgado por delitos graves. En ello coincide el juez Garzón quien, al referirse específicamente a la demanda contra  su "amigo" Zedillo, dijo que "la inmunidad soberana no funciona con las personas que están fuera del ejercicio del poder presidencial".

 

A pesar de estos antecedentes, según informes de prensa hasta ahora no desmentidos por el gobierno mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a Washington que reconozca la inmunidad de Zedillo para evitar que enfrente los cargos relacionados con la masacre de Acteal.


En septiembre pasado, cuando se presentó la demanda, la abogada especialista en derecho internacional Jenny Martínez dijo que ha habido casos similares en los que se demanda con éxito a extranjeros que viven en Estados Unidos pero la mayoría involucraban a generales o a otros funcionarios de nivel medio o alto. Dada la complejidad de las leyes que se aplican a los jefes de Estado, opinó la también profesora de la Universidad de Stanford, Zedillo podría reclamar inmunidad.


En todo caso la demanda contra el expresidente mexicano demuestra que en este mundo globalizado las figuras públicas, independientemente de su desempeño y de su nivel, están cada vez más sujetas al rendimiento de cuentas.

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