Puebla, Puebla.- Organizaciones integrantes del Capítulo Mexicano del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas se pronunciaron por la aplicación de la ley, para hacer frente a dicho delito en la República Mexicana.
     
La directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, Teresa Ulloa, y Eva Reyes, del Centro Antonio de Montesinos, señalaron lo anterior.
   
Ello durante su participaron en el Seminario de Integración del Capítulo Mexicano del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, en los trabajos del Primer Aniversario del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J.

Durante el evento, urgieron al Estado mexicano a establecer un proceso de armonización en los códigos penales de los estados. Con el fin de propiciar que la conducta típica, antijurídica y culpable se pueda perseguir sin que prevea ventajas para el sujeto activo en una u otra entidad, y exigieron a las autoridades protección a las víctimas de este delito.
     
Otra de las demandas fue establecer que el consentimiento no sea una causal de exclusión del delito; que los medios comisivos se establezcan como agravantes y que no sea la víctima quien tenga que probarlos. 'Priorizar el castigo a la demanda, ya que ha sido una medida eficaz para reducir la trata de personas en otros países'.

Pidieron atender la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 04/2008, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acerca del papel de las instancias en la protección de los culpables y las violaciones a los derechos del niño, en el caso ocurrido en el Instituto San Felipe, de Oaxaca.
     
Las representantes de las activistas demandaron la presentación inmediata con vida de la estudiante de la facultad de arquitectura de la UNAM, Adriana Morlett, desaparecida desde el 6 de septiembre de 2010.
     
Así como la búsqueda y localización de la pequeña María José Enciso, sustraída de su hogar en Tecámac, Estado de México, en octubre de 2010.
     
Las demandas fueron apoyadas por representantes del Centro 'Fray Julián Garcés', Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., Centro de Comunicación Popular A.C., Centro de Estudios sociales y culturales Antonio de Montesinos, A.C., entre otras.