México, DF.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, magistrado Edgar Elías Azar, alertó que en México más de 30 mil menores de edad (cifra que podría llegar a 70 mil), de entre 10 y 14 años de edad, son sometidos a trata de personas, y destacó la complejidad de la investigación, persecución y sanción de delitos como explotación sexual y laboral, secuestro o esclavitud, debido a las estructuras delincuenciales, su dispersión en el territorio y la enorme capacidad de movilización.

Elías Azar exhortó a presidentes de tribunales superiores de justicia y procuradores de todo el país, a impulsar modificaciones legislativas para atender el problema, porque solamente en la mitad de las entidades federativas se ha legislado para adecuar el marco jurídico en la materia.

Advirtió que hay casos de entidades en los que solo se estimó como trata de persona a la explotación sexual; en otros no se consideró la posibilidad de ejecución delictiva para la disposición de órganos y tejidos, y en algunos más no se definió de manera correcta la conducta, como en el caso de la explotación laboral, lo que ha traído consigo equívocos e inaplicación de las leyes penales o una aplicación injusta.

"El conflicto normativo de estas figuras típicas con otras como la de pornografía, pederastia, corrupción de menores o lenocinio, por solo mencionar algunos aspectos, nos llevó a beneficiar a los delincuentes, a la luz se principios como los de la ley más benigna o indubio pro reo" (lo cual quiere decir que ante la falta de pruebas, el acusado puede quedar en libertad.

Tan solo en el tema de explotación laboral, agregó que 3.6 millones de personas, entre los cinco y los 17 años de edad, son sujetos a esa "forma cruel de servidumbre".

El magistrado Elías Azar, recordó que el país ya cuenta con un marco jurídico adecuado en la materia, con la expedición de la Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, e insistió que a las entidades federativas solo les corresponde ajustar sus marcos normativos.

No se trata, planteó, de emprender nuevas tareas legislativas de orden penal, para evitar una doble regulación que solo beneficie a los delincuentes. En el ámbito de los poderes judiciales locales, dijo, otra de las responsabilidades en el tema es la de profundizar en el conocimiento y aplicación de todo el orden normativo nacional e internacional, ya que señaló una común inobservancia de los tratados internacionales.