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Destituirán e inhabilitarán a servidores públicos que violen derechos humanos de migrantes

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Instituto Nacional de Migración

03 de Abril del 2019 Maxi Peláez TV Azteca

Aprueban una serie de reformas en materia migratoria para frenar abusos de funcionarios.

Cd. de México.- La Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas en materia migratoria que buscan frenar los abusos en contra de los migrantes y sancionar a los funcionarios que los realicen.

En un primer dictamen, que se mandó al Presidente de la República para su entrada en vigor, los diputados avalaron con 439 votos, modificaciones a los artículos 109 y 140 de la Ley de Migración para establecer que los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración además de ser destituidos serán inhabilitados de 3 meses a 20 años para ocupar cargos públicos de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Operará cuando los funcionarios dolosamente hagan uso indebido o proporcionen a terceras personas documentación migratoria y violen derechos humanos de los migrantes. Serán infracciones graves.

“La destitución no es una sanción suficiente y que la propuesta de inhabilitación constituye una medida que ayudará a garantizar y promover el pleno respeto de los derechos humanos de las personas migrantes. Tratándose de faltas graves, establece que la inhabilitación será de 1 hasta 10 años, si el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede de 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Y de 10 a 20 años si dicho monto excede de dicho límite. Cuando no se causen daños ni perjuicios ni exista beneficio o lucro alguno se podrá imponer de tres meses a un año de inhabilitación”, explicó la diputada de Morena Julieta Vences Valencia, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios.

Otro dictamen aprobado, fue el artículo 93 de la Ley de Migración, minuta del Senado que fue corregida por los diputados. Se precisan las facultades del Instituto Nacional de Migración frente a denuncias en contra de extranjeros por la presunta comisión de delitos.

“Esta propuesta busca establecer que el instituto podrá solicitar información al Ministerio Público sobre hechos constitutivos de delitos cometidos por extranjeros, pero no podrá recibir las denuncias de tales hechos... De acuerdo con la Constitución mexicana, la facultad de recibir denuncias e investigar los delitos es exclusiva del Ministerio Público de la federación”, argumentó la diputada del PRI, María Esther Alonzo Morales.

También reformaron el artículo 70 e incluyeron el 70 bis en la Ley de Migración para garantizar nuevos mecanismos de defensa a las personas sujetas a procedimiento administrativo migratorio.

Se garantizará el debido proceso de los migrantes quienes tengan el derecho de ser notificados, contactar a su consulado, acceder a un traductor, defensores y asesores legales del estado o de la sociedad civil para su defensa, recibir asistencia médica y psicológica.

María Eugenia Espinosa Rivas legisladora del PAN, expuso “Es importante dejar claro que el apoyo y la asistencia legal que cualquier extranjero puede llegar a necesitar dentro del país a través de esto le será brindado un gran apoyo sin ningún tipo de restricción”.

El primer dictamen se envió al ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor, mientras que los otros dos se devolvieron al senado para validar las modificaciones hechas por los diputados.

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